El 22 de abril finaliza el contrato de radares y semáforo rojo que la Paeria firmó hace 4 años con la UTE Arnó SICE. El Comú de Lleida pide al equipo de gobierno que abandone la opacidad que ha rodeado desde el primer día este contrato y que explique a la ciudadanía que ha negociado con la concesionaria desde mayo del año pasado y que hará a partir del día 23.
El equipo de gobierno reconoció, a preguntas del Comú el pasado mes de noviembre, que la concesionaria no había completado las inversiones en seguridad vial que tiene que hacer por contrato, al tiempo que admitía que sólo podía haber prórroga si se cumplía con todas las inversiones comprometidas en el contrato. Cuando éste finalice, el próximo día 22, se habrá agotado el plazo para implementar estas inversiones, lo que representaría un incumplimiento de los pliegos de condiciones ante el que la Paeria debería actuar en defensa de los derechos de los ciudadanos de Lleida, en un ámbito tan sensible como es el de la seguridad vial.
La Paeria no nos ha facilitado las inversiones de la concesionaria, que en diciembre de 2015 aún tenía pendientes mejoras en seguridad vial por valor de 270.456 euros:
Tabla resumen inversiones Arnó Sice presuntamente incumplidas a diciembre 2015 (no se ha facilitado datos actuales)
Conviene recordar que la UTE Arnó-SICE ganó la licitación con la peor oferta económica, y que se llevó la concesión gracias a las mejoras que ofertó, y que ahora no está cumpliendo:
Preguntamos al alcalde si han hecho alguna mejora más y, en su caso, en qué fecha ha cumplido las inversiones comprometidas, ya que su incumplimiento impediría a Ros plantear ninguna prórroga a la concesionaria. Pedimos que el alcalde explique las actuaciones previstas y nos preocupa que la única explicación que nos hayan hecho llegar sea lo que nos respondieron el pasado mes de enero: «En estos momentos se está estudiando el escenario de la posible prórroga, tanto desde los aspectos de gestión de seguridad como los aspectos jurídicos «.
El alcalde no debería esconderse más y debería asumir responsabilidades por haber fijado inicialmente el límite en 65 kilómetros/hora, motivo principal por el que la concesionaria inició un contencioso administrativo contra la Paeria. El Comú de Lleida ha supervisado este litigio y ha constatado que la reclamación se encuentra parada. El pasado 9 de mayo la UTE solicitó la suspensión del juicio por 60 días «en vías de llegar a un acuerdo» y el 11 de enero el juzgado archivó de forma provisional el juicio.
Más allá del contencioso entre Arnó y la Paeria, desde el Comú de Lleida:
- Exigimos que se impongan a la concesionaria las penalizaciones contempladas en el apartado 1.22 del Pliego de cláusulas administrativas en caso de incumplimiento de contrato.
- Pensamos que estamos ante una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien y hacer un punto y aparte en el desbarajuste que ha representado la gestión de los radares por parte del equipo de gobierno.
- Entendemos que hay que escuchar en primer lugar los técnicos en movilidad para determinar si el servicio de radares y semáforo rojo es necesario para mejorar la seguridad en la ciudad.
- En caso de que el informe de los técnicos sea afirmativo, apostamos por hacer por vía de urgencia el estudio previo para municipalizar todos los elementos del servicio público municipal de control de tráfico y de seguridad vial (semáforos, radares, control de accesos, semáforo rojo y cámaras).
Consideramos que las decisiones del equipo de gobierno constatan que su objetivo prioritario no está siendo la seguridad vial en la ciudad de Lleida. Hay que remarcar que desde el pasado julio conocen el informe de la Guardia urbana en que recomendaba aprobar un nuevo umbral de velocidad máxima, y que su propuesta era que se aproximara al criterio de «tolerancia 7» fijado por el ministerio en febrero de 2015. Concluimos que las negociaciones realizadas durante los últimos 10 meses no han buscado el bien común de los vecinos y vecinas de Lleida ya que la demanda por lucro cesante de un millón de euros parece aplazada a cambio, supuestamente, de una prórroga por 2 años a una UTE que ni siquiera ha cumplido las inversiones comprometidas en 4 años.
