La diputada de En Comú Podem (ECP) en el Parlament de Catalunya Susanna Segovia se ha comprometido hoy con el tercer teniente de alcalde de la Paeria, Sergi Talamonte, y el portavoz de ECP en les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Jaume Moya, a recoger y estudiar las líneas de trabajo que impulsa el Comú de Lleida desde el gobierno de la Paeria para exigir al gobierno de la Generalitat que esté a la altura en materia de política de vivienda social, entre otras cuestiones. Segovia también pretende impulsar acciones en el Parlamento para que se preserve la legalidad urbanística en proyectos como el que quiere implantar en Lleida la empresa Eurofund el sector SUR-42, en Torre Salses.
Susanna Segovia, que ha participado en una reunión de trabajo telemática este mediodía, ha reconocido el buen trabajo que se está haciendo desde la concejalía de Vivienda y Transición Ecológica de la Paeria, liderada por Sergi Talamonte, que «en sólo dos años, ha sido capaz de dar la vuelta a una situación tan complicada como la de la Empresa Municipal de Urbanismo, reduciendo sensiblemente su deuda, e incrementando en un 35% un parque de vivienda pública que, entre otras cosas, permitirá que este verano la situación del alojamiento de los temporeros que vienen a Lleida a participar en la recogida de la fruta sea mucho más ordenada».
Talamonte, por su parte, ha reclamado que desde el Parlamento se trabaje «para que el Gobierno invierta en vivienda social y ayude a combatir la crisis habitacional». Para el teniente de alcalde del Comú, también es importante que «se puedan establecer sinergias con el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que está demostrando que, como hacemos en Lleida, se puede hacer mucho trabajo en materia de vivienda, tales como la detección e intervención en pisos vacíos para favorecer la oferta de vivienda asequible, las ayudas para alquileres a familias vulnerables o el desarrollo de nuevas modalidades como la masoveria urbana o las cooperativas». En este sentido, Segovia y Talamonte han coincidido en afirmar que desde municipios como Barcelona o Lleida están cubriendo las emergencias en derechos básicos de la ciudadanía, supliendo la inacción de una década de gobiernos convergentes, y que ya es hora de centrar la acción en atender y dar respuesta a las responsabilidades en justicia social que tiene la Generalitat.
Jaume Moya, portavoz de ECP en el territorio, también ha explicado a Segovia la polémica sobre el proyecto urbanístico de Torre Salses. «Hay razonados dudas legales sobre la exigencia de un trámite de evaluación ambiental estratégico que no se ha realizado y esto podría suponer la nulidad del acto y la obligación de suspender inmediatamente cualquier actuación que lo desarrolle». Moya y Talamonte han trasladado a Susanna Segovia un informe jurídico externo encargado por el Comú de Lleida que señala los posibles defectos en la tramitación del proyecto, a fin de que se estudien desde el Parlamento las consecuencias de todo ello.
