Ante la situación de inseguridad jurídica que ha provocado la actualización de los valores catastrales impulsada por el gobierno central, el Comú de Lleida propone al Pleno del Estado de la ciudad la congelación del IBI rústico a todos los bienes inmuebles de uso agrícola o ganadero a la espera de que se concreten definitivamente las modificaciones legales que quiere imponer el gobierno central y las alegaciones que los vecinos de la huerta están presentando.
La llamada «catastrada» impulsada por el ministro Montoro impone modificaciones arbitrarias que han generado graves problemas y preocupaciones entre los agricultores y ganaderos de la Horta de Lleida. Por ejemplo, ven como hay un cúmulo de errores en las valoraciones que los están obligando a presentar un alud de alegaciones en el catastro. Mientras el gobierno del estado lleva a cabo esta actuación la administración cercana -la Paeria- debería actuar con responsabilidad, atender a sus ciudadanos y ampararlos, y nunca debería asumir la arbitrariedad del ministerio y menos aún aprovecharla con el objetivo de aumentar la recaudación.
Pensamos que emprender bonificaciones no es la solución porque carga de trabajo la administración al tiempo que obliga al campesinado a asumir muchos trámites y pagar más. Que el Ayuntamiento de Lleida aproveche la «catastrada» para aumentar ingresos evidencia un afán recaudatorio que no se puede maquillar hablando de bonificaciones. En cuanto a una posible rebaja lineal del IBI de la Horta consideramos que sería injusta porque beneficiaría igual a los que trabajan en la huerta que los que, por ejemplo, tienen una segunda residencia con piscina. Y todo ello mientras la huerta continúa desatendida por la Paeria, con un mantenimiento deficiente de caminos, agua potable, telecomunicaciones, …
La Horta no tiene que pagar la bajada de IBI que ha habido este año
El concejal Sergi Talamonte cree que el equipo de gobierno aprovecha la «catastrada» para aumentar los ingresos del IBI. «Lo que no podemos permitir es que se obligue a la agricultura a rascarse el bolsillo para compensar la bajada del IBI general que ha habido» dice Talamonte, que recuerda que «el PSC pactó con el PP rebajar IBI para que le aprobara los presupuestos 2017, y ahora aprovechan los delirios de Montoro para compensarlo a base de ahogar más nuestro campesinado y basándose en valoraciones arbitrarias de sus edificaciones «.
Por estos motivos, pedimos que se aplique la moratoria de tres años en el aumento del impuesto de IBI de naturaleza rústica que provocaría este aumento de valor catastral, tal como prevé el artículo 74.2 de la Ley de Haciendas Locales, a la espera de que se desvanezcan las dudas generadas por la aplicación de la actual legislación, tal como propusimos vía enmienda a las Ordenanzas Fiscales de este año.
La administración no puede ser arbitraria en sus decisiones
La actual legislación no ha previsto la aprobación de nuevas normas reglamentarias para valorar los inmuebles rústicos y está aplicando las mismas valoraciones catastrales que las que se aplican a los inmuebles urbanos y industriales. Este hecho ha provocado que con la aplicación de la ley 12/2012 se contradiga el principio de legalidad fiscal más importante, aquel que dice que la administración no puede ser arbitraria en sus decisiones. Esto está provocando inseguridad jurídica y muy probablemente se producirán una avalancha de demandas judiciales que puede conllevar una modificación legislativa que corrija esta disfunción. La aplicación del actual marco legislativo para la valoración catastral de los elementos constructivos hace imposible poder discernir mediante bonificaciones potestativas entre los inmuebles de nueva regularización y los que ya estaban regularizados, al igual que hace imposible distinguir entre aquellas construcciones que se destinan a actividad agraria y ganadera de las que se destinan a actividades de ocio o segundas residencias.
Horta (imagen de Paeria)
