Los mismos que están investigados por el caso EMU tumban la propuesta del Comú para hacerlo más social y viable

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Estos días hemos visto cómo iban desfilando por los juzgados como investigados (antiguamente “imputados”) por el caso EMU el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la primera teniente de alcalde Montse Mínguez y varios concejales, entre ellos los portavoces de Ciudadanos, Ángeles Ribes y del PP, Joan Vilella. Lo hacen por presuntas irregularidades en las cuentas de la Empresa Municipal de Urbanismo, un organismo público que debería servir para llevar a cabo las políticas de vivienda municipal, que debería ser clave para fomentar el acceso de todas las personas de Lleida a una vivienda digna, pero que la mala gestión del PSC y de sus socios de gobierno ha llevado a ser un pozo sin fondo. Su deuda supera los 60 millones de euros y no aporta soluciones útiles a la vida de la ciudadanía, por lo que el Comú de Lleida y otros grupos municipales hemos defendido cerrar la EMU.

Pero visto que las mayorías actuales en el consistorio no están por el cierre de la EMU. El Comú ha hecho una propuesta para hacer viable este organismo, que debería permitir terminar con su deuda. Curiosamente los mismos que estos días desfilan como investigados por el caso EMU son los que nos tumbaron una propuesta para que este gire el timón y trabaje desde la eficiencia para el bien común. PSC, Ciutadans y PP ni siquiera permitieron que se debatiera la propuesta al pleno, una vez más, y ya son incontables en este mandato, bloquearon cualquier propuesta que salga del grupo municipal del Comú de Lleida.

Proponíamos dotar de mayor utilidad social este organismo, que pasaría a ser Empresa Municipal de Servicios y Urbanismo (EMSU) y que -sin dejar de lado sus objetivos actuales- incorporaría la gestión de los servicios públicos de titularidad municipal que el ayuntamiento no preste directamente . La EMSU también se encargaría de la realización de estudios económicos, jurídicos y técnicos para gestionar y mejorar los servicios públicos así como la redacción de proyectos de recuperación de la gestión del ciclo del agua y similares, sin más limitaciones que las impuestas por la Junta General.

La propuesta del Comú también establece que se mantendría un control político ya que correspondería a la Junta General la decisión del modelo de gestión de los servicios públicos de titularidad municipal que el ayuntamiento de Lleida no preste directamente. Al consejo de administración le correspondería el seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las concesiones, como la de luz, buses, parquímetro, radares o agua, entre otros. Actualmente una sola persona debe asumir el control de todas las concesiones, y pese a que se evidencia que es inviable supervisar el cumplimiento de los pliegos con estos recursos de personal, el equipo de gobierno no hace nada para solucionarlo. El Consejo también velaría, en caso de incumplimientos, para llevar a cabo las penalizaciones estipuladas, recordando que el mecanismo de sanción sirve para proteger derechos colectivos y hasta ahora la Paeria no la está haciendo valer. También sería potestad del Consejo la de proponer a la Junta General la rescisión de contratos de servicios públicos municipales por criterios económicos, técnicos, de eficiencia o mala praxis laboral, fiscal o mercantil del adjudicatario o del subcontratista.

Todos estos cambios conllevarían una gestión empresarial beneficiosa en tanto que habría la obligación de rendir cuentas, aumentando el control y la eficiencia. Con la supervisión por parte de la EMSU se podrían evitar situaciones de opacidad e incumplimiento de pliegos como las que el Comú de Lleida ha denunciado en concesiones como la de radares o la del agua, entre otros, que han acabado dilapidando dinero público.

En cuanto a los derechos laborales, conviene remarcar que, según la propuesta del Comú, los trabajadores que fueran subrogados por la EMSU al finalizar los contratos vigentes, mantendrían su antigüedad y condiciones laborales. En la propuesta del Comú, la EMU mantendría su función en el ámbito del urbanismo y la construcción, así como en las políticas municipales de vivienda.

Mientras algunos proponemos medidas para mejorar los sirve públicos a través de un mejor control de las concesiones en Lleida y de facilitar procesos de remunicipalización, los que han convertido la EMU en una ruina frenan las propuestas … en la misma semana donde declaraban imputados por el caso EMU.

Comú de Lleida

El alcalde de Lleida entra entra en los juzgados imputadp por el Caso EMU

La portavoz de Ciutadadanos en Lleida, Ángeles Ribes, entrando en los juzjados de Lleida a declarar por el caso EMU’