Los firmantes del Compromiso en la gestión del agua y el alcantarillado estamos siendo responsables. El incremento del precio del agua es una medida prevista en el contrato firmado el año 2012, que se había ido posponiendo y que es necesaria para garantizar el equilibrio económico de la concesión y las inversiones en la red para tener un buen servicio en la ciudad. Además, evita un litigio de resultado incierto y que podría suponer en años próximos un perjuicio económico de hasta 12 millones de euros, que se traduciría en incrementos más elevados y repentinos. Llega en un momento difícil para todas, pero es necesario, por responsabilidad, y se aplicará con rigor y sensibilidad.
- El incremento se concentra en los tramos de consumos más altos con el objetivo de incentivar el ahorro de agua. Para un 96% de los hogares y un 70% de las empresas, la subida en la factura equivaldrá del año próximo a menos de un euro al mes:
- Es un acuerdo con sensibilidad social y medioambiental, ya que prevé la rebaja de un 10% de la tarifa a las familias vulnerables acogidas a la tarifa especial de agua de bono social. También se prevé un convenio para resolver la situación de pobreza energética en la ciudad, que incorporará la constitución de un Fondo Municipal de Solidaridad, dotado con 100.000 euros al año, para dar ayudas a fondo perdido a personas o familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial. Otro de los objetivos del nuevo modelo tarifario es promover el ahorro de agua, ya que incide en que quien más agua consume, pague un precio más alto.
- Sabedores de que existen graves desequilibrios en un contrato que no nos gusta pero que está firmado, este gobierno inició negociaciones con la concesionaria que nos han llevado a un consenso beneficioso para la ciudadanía de Lleida.
- La subida viene motivada por un contrato heredado de los anteriores mandatos, que se firmó inicialmente el 93 y se prorrogó, y que está en desequilibrio ya que el anterior gobierno no aplicó los incrementos de IPC y otras subidas que había pactado con la concesionaria. No es el contrato que el actual gobierno habría defendido, pero está firmado y nos obliga.
- La propuesta es una subida más baja que la del 13% que pide Aqualia o del 16% que se planteaba subir en el anterior mandato. Planteamos una subida del 3% proporcional a los consumos por persona, cosa que no se ha hecho nunca.
- La medida es resultado de una negociación larga y compleja y aporta rigor, permite tender al equilibrio presupuestario y ahorrará a la ciudadanía que hacer frente al nuevo episodio de generación de deuda que habría supuesto un litigio judicial.
- También se aplican criterios de progresividad en la tasa de alcantarillado, que se tarifará a partir de ahora para consumo y no lineal como hasta ahora.
Este gobierno, como contempla el Pacto de Entesa, sigue explorando las vías para municipalizar el servicio del agua, un derecho humano universal esencial y un bien común, que debe ser regulado con eficiencia y solidaridad sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discriminación, justicia social y respeto al medio ambiente. El agua no debe ser un objeto de mercantilización. La gestión directa municipal es el único método que garantiza la gestión pública.
