La moción que el Grupo Comarcal del Comú de Lleida, conjuntamente con ICV y la CUP, ha presentado al pleno del Consejo Comarcal del Segrià para buscar soluciones al callejón sin salida que vive la comunidad educativa, que requiere un nuevo marco regulatorio integral del espacio del mediodía en los centros educativos de titularidad pública ha sido aprobada sólo parcialmente, ya que PDeCAT, PSC y ERC han votado en contra de los puntos 4 y 5 de la moción, oponiéndose así a iniciar los trabajos de redacción del nuevos pliegos de servicio de comedor escolar para sacarlo a concurso público de cara al nuevo curso escolar y solucionar las disfunciones detectadas en el actual licitación del servicio y rechazando también que el Consejo Comarcal del Segrià exija a la compañía con carácter inmediato toda la documentación económica estipulada en la actual licitación del servicio de comedor escolar.
«Desde el Comú lamentamos que estos grupos no hayan asumido que hay que cumplir con las responsabilidades que corresponden al Consejo referentes a la gestión del servicio de comedor ni la obligación de hacer cumplir el contrato a la compañía ALESSA ni la redacción de unos nuevos pliegos de condiciones, y evitar la prórroga del contrato, para solucionar graves problemas detectados que están costando dinero público » ha resumido el consejero del Comú, Sergi Talamonte.
Cabe decir que hoy el pleno del Consejo Comarcal del Segrià ha aprobado una nueva adenda al contrato de comedores por un total de 12.700 € para pagar monitorización extra que consideramos que debería asumir la empresa según el contrato firmado. Llevamos 3 modificaciones de contrato en lo que va de año con un importe total de 23.482 € que estamos pagando a la compañía por encima del precio estipulado en el contrato. Esto ha provocado, por ejemplo, un incremento del precio de la escuela de educación especial La Esperanza de 6,20 € hasta 8,58 € lo que supone una modificación de los elementos esenciales del contrato, como es el precio y según reconoce un informe jurídico de la secretaría general del Consejo no se ajusta a la normativa aplicable.
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