En 2015 hicimos público que la concesionaria de los radares pedía más de 2 millones a la Paeria, un año después contábamos que habían iniciado un contencioso administrativo y hace unos días hemos visto supervisando el litigio que está archivado provisionalmente el contencioso. En el último pleno volvimos a pedir al alcalde que explique públicamente lo que ha negociado con la UTE Arnó-Sice, negó haber negociado nada y se sacó de la chistera que lo que él hace es «gestionar el contrato día a día» .
Pensamos que es nuestra obligación poner luz a lo que ha pasado y lo que pueda pasar en esta concesión, en la que nos van mucho dinero y la seguridad vial ciudadana.
1. ¿Por qué Ros alarga la concesión de radares hasta agosto? Los diferentes elementos del contrato se pusieron en marcha el 2014, pero en fechas diferentes, entre el 1 de marzo y finales de abril, aunque el Ayuntamiento -que decidió detener máquinas 4 meses ante la evidencia de que la señalización de los radares era deficiente- interpreta que no estaba todo en marcha hasta el 18 de agosto. Ros ha hecho una interpretación favorable a la concesionaria cuando consideró que los 4 años se prolongó hasta agosto y no ha respetado lo establecido en el contrato, que determina que el inicio debe tener lugar dentro del plazo máximo de dos meses a partir de la formalización del contrato, firmado el 22 de noviembre de 2013.
2. El contencioso, bajo la alfombra durante 2 años.
La concesionaria tiene la potestad de alargar el archivo del contencioso administrativo hasta 2 años (enero de 2020). Mientras Ros sea alcalde pueden continuar negociando con él bajo mano sin necesidad de retomar el contencioso. Pero si hay cambio de gobierno en mayo de 2019, la UTE siempre tendrá la carta de retomar el contencioso, donde reclama a la Paeria cerca de un millón de euros.
3. El escenario «menos peor» para Ros.
Será otro día, año empuja. Al alcalde, tener parado el litigio el libra del lastre de tener que pagar, como mínimo, un millón de euros a la concesionaria por los errores propios, una losa muy pesada a las puertas de unas elecciones municipales. En el último pleno nos respondió que «no nos constan incumplimientos en servicios objeto de contrato». De la larga lista de inversiones comprometidas, Arnó-Sice sí ha cumplido con el mantenimiento semafórico y, evidentemente, con los elementos que generan ingresos, como son los radares fijos, el foto-rojo y el radar móvil, además de la gestión de las infracciones. Pero, que pasa con todas las otras inversiones como, por ejemplo, la mejora del sistema de control de tráfico con un importe de 87.642 € O la «inversión en conexiones y comunicaciones» para 73.450 €. Y la semaforización de la rotonda de frente al cementerio por 42.165 €, la pagó la concesionaria sr. Ros? ¿Qué pasa con la instalación de 10 cámaras de control para 23.258 €, 4 vados elevados de peatones (13.500 €) y el suministro, por valor de más de 15.000 €, de etilómetros, pda s (para generar multas) y diferentes elementos de control? Ros asegura que hay un centenar de inversiones que los técnicos están recogiendo y que deben estar terminadas esta semana. Después de un dia viene otro.
4. «No procede penalizar la concesionaria».
Respuesta del alcalde, ignorando desde nuestro punto de vista que el contrato figuran muchas inversiones en seguridad vial que no están hechas. Ros sí admitió que si no se hacen todas las mejoras no puede haber prórroga. En esta «gestión del contrato día a día» el alcalde ha ignorado las reiteradas peticiones del Comú para exigir las inversiones comprometidas y las sanciones pertinentes.
5. ¿Cómo han bajado el umbral de multas a 60 km/h?
El 2014 el alcalde de Lleida dio órdenes expresas que los radares sólo multi aquellos vehículos que superasen los 65 kilómetros por hora. Ni estudios previos, ni normativa ni ningún criterio técnico: quien determinarlo fue Ángel Ros, obsesionado evitar a toda costa un alud de multas a las puertas de un año electoral. Ahora, sabedores de que el contrato está supervisado por fuerzas como el Común, hay que guardar las formas. Quizá por eso optan por poner de por medio al intendente de la Guardia Urbana, en un informe con fecha 10 de julio de 2017. La secuencia temporal dice muchas cosas: 9 de mayo 2017: la UTE solicitó la suspensión del juicio por 60 días «en vías de llegar a un acuerdo». 10 de julio 2017: informe del intendente jefe de la Guardia Urbana. Amparándose se, Ros anuncia que se reducirá el máximo de velocidad permitida en 60 kilómetros por hora. 11 de enero 2018: se archiva de forma provisional el juicio.
6. ¿Qué pasa con los radares si no hay prórroga?
Por contrato, el Ayuntamiento se garantiza la propiedad de los semáforos rojos, las cámaras y los elementos de control de acceso aunque no hubiera prórroga. En cambio la propiedad de otros elementos como las licencias de software y el hardware están sujetos a que haya los 2 años de prórroga.
7. Incumplen el compromiso de publicar las multas trimestralmente
En el Pleno sobre el estado de la ciudad de 2014, el alcalde se comprometió a hacer públicos cada tres meses el número de multas de radar y semáforo rojo impuestas y su destino. El incumplimiento de este compromiso forma parte de la retahíla de actuaciones opacas del equipo de gobierno en una concesión que no sólo no ha aportado todos los elementos de seguridad vial comprometidos sino que va camino de salir carísima en la ciudad.
Comú de Lleida
¿Por qué Ros no penalizará Arnó pesar de los incumplimientos en el contrato de los radares?
