La situación de emergencia social y sanitaria generada por la crisis actual requiere que las instituciones aporten soluciones y recursos urgentes para atender las necesidades de la ciudadanía. Desde las diferentes administraciones se están aprobando ya muchas medidas para hacerle frente, pero constatamos que los fondos asociados están tardando en llegar a la gente y los ayuntamientos y que los procedimientos burocráticos para optar limitan su alcance y efectividad.
Por ello, consideramos que es necesario un gran acuerdo social y político en las tierras de Lleida desde la lealtad institucional, desde el diálogo y la cooperación para exigir al conjunto de las administraciones, la Generalitat, el Estado y la Diputación, un paquete de medidas urgentes para atender las necesidades sociales que se pueden concretar en 5 ámbitos:
- Fondos directos y urgentes para los ayuntamientos: desde los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, se está actuando desde el primer día para atender las nuevas necesidades y reestructurar su tarea: aumentan las necesidades de servicios sociales, hay que renegociar contratos de servicios públicos, mientras se está produciendo una reducción de ingresos al adaptar la fiscalidad municipal a la crisis. Por ello, es necesario que se hagan efectivas ya ayudas directas a los ayuntamientos para afrontar la situación. Más allá de la flexibilización de las normas de gasto para ayuntamientos con superávit, hay que atender también las necesidades de muchos ayuntamientos, como el de Lleida, que arrastran dificultades financieras ya anteriores a la crisis sanitaria.
- Renta garantizada de ciudadanía permanente, efectivamente tramitada e implementada y no acotada a un período de tiempo, para asegurar a las personas y unidades familiares abocadas a una situación de pobreza una prestación social que asegure los mínimos de una vida digna. La renta garantizada permite simplificar los trámites y evitar la multiplicidad de ventanillas que el sistema de ayudas disperso actual impone a la ciudadanía, precisamente en un momento en que el confinamiento añade dificultades a todas estas tramitaciones.
- Medidas efectivas de apoyo a trabajadores, autónomos y Pymes: hay que revisar de manera más integradora las condiciones de los decretos aprobados hasta ahora, que dejan fuera muchas de las personas y empresas afectadas y suponen unas trabas burocráticas que dificultan el acceso a las ayudas. Estas no pueden estar basadas sólo en aplazamientos de pago y líneas de crédito, sino que se han de prever ayudas directas que permitan compensar la parada y reanudación de la actividad sin generar un endeudamiento que hipoteque la recuperación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
- Regularización de personas migradas: la crisis actual tiene un impacto en toda la sociedad pero castiga especialmente los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas migradas en situación irregular. Tenemos el deber moral de reconocer la labor de tantas personas que, sin papeles, se han convertido en imprescindibles para desarrollar tantas tareas, en el campo, en el sector de los cuidados, en la sanidad y en tantos otros. Por ello es necesaria una regularización extraordinaria de las personas que están en situación administrativa irregular, para garantizar y proteger sus derechos y, con ellos, los de todas las personas que convivimos y nos beneficiamos de su actividad.
- Medidas para garantizar la producción de alimentos y los circuitos de alimentación: hay que facilitar condiciones dignas para las personas temporeras y cumplir también todas las recomendaciones sanitarias, especialmente en seguridad en el trabajo, alojamiento y transporte al lugar de trabajo de trabajadores temporeros. Es necesario que los servicios de inspección de trabajo garanticen de manera efectiva el cumplimiento de las normas. Igualmente, las administraciones deben implementar medidas para garantizar la cadena alimentaria impulsando el comercio de los productos de proximidad y los canales de comunicación entre personas productoras y consumidoras.
