Hemos recibido noticia de que la Fiscalía acuerda archivar la denuncia formulada sobre el Caso Banyetes que concluye que no es constitutivo de delito tipificado en el código penal, a pesar de reconocer que todo se hizo mal. De las tres actuaciones que el Ayuntamiento puso en conocimiento de la Fiscalía, esta concluye lo siguiente:
- En cuanto a los nombramientos de personal funcionario del Ayuntamiento de Lleida, señala: «la segunda prórroga del nombramiento fue indebida y no ajustada a derecho, así como el inmediato nombramiento del gerente de la Fundación fue el mecanismo elegido para tratar de paliar la situación una vez conocida y denunciada por parte de la junta personal». La fiscalía señala que estas actuaciones podrían resultar amparadas en los artículos 405 y 406 del Código Penal (prevaricación por nombramiento indebido) castigado con una pena de 6 meses a 2 años de suspensión y 3 a 8 meses de multa, así como el art. 404 (delito genérico de prevaricación) con una pena de 7 a 10 años de inhabilitación. Sin embargo, los hechos que datan del año 2007 habrían prescrito a los 10 años.
- En segundo lugar, queda constatado que el denunciado procedió al registro a nombre propio de la marca Club Banyetes ante la Oficina española de patentes y marcas. Sin embargo la Fiscalía apunta que para combatir esta actuación la Paeria podría haber utilizado el arte. 31 de la Ley de Marcas para combatir la apropiación indebida de la misma (página 7) y constata que los responsables de la Paeria fueron totalmente conscientes y permitieron esta situación. Asimismo, no constituye delito penal dado que se hubiera tenido que resolver por la vía que establece propia ley de marcas.
- Finalmente, apunta que las actuaciones descritas pueden ser reprobables desde una perspectiva de la transparencia y el buen gobierno y señala claramente que: «existió por parte de Paeria un interés de dudosa justificación en manetener al denunciado dentro de la estructura de gestión de todo lo relacionado con el Club Banyetes, siendo reprobable desde la perspectiva de la transparencia y el buen hacer de la administración permitir que en una persona se yuxtapongan las posiciones a título privado de los derechos de un concepto o marca y de gestor público de lo relacionado con él. Es obvio que se le permitió servirse de la estructura de la administración, perteneciente a todos los ciudadanos, para dotar de valor la marca. «
La generación del valor de la marca le ha permitido sacar un rédito y un beneficio económico posterior por la permisibilidad de la explotación de la misma por parte del Ayuntamiento.
En este sentido, se han trasladado estas conclusiones en la Oficina Antifraude de Cataluña, la cual tenía el expediente en suspenso a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía.
Desde la concejalía de lucha contra la corrupción y la concejalía de gobierno abierto, que es desde donde se inició el expediente y se pusieron en conocimiento los hechos denunciados, se esperará el pronunciamiento de ambos organismos antes de emprender ninguna otra acción, siempre desde la prudencia y la responsabilidad, pero también velando por la transparencia y la objetividad en la gestión, la eficiencia y el cuidado debido en la administración de los recursos públicos. Asimismo, este archivo no lo consideramos un cierre del expediente.
Lo volveríamos a hacer, creemos es nuestra obligación poner en conocimiento de las instituciones públicas cualquier presunto abuso
Seguiremos trabajando y nos esforzaremos para conseguir un control del buen gobierno más estricto, sin tratos de favor y transparente
El PSC preferiría que no existiéramos, pero sentimos informarles que seguiremos aquí.
Nos gustaría tener confianza en el poder judicial, pero lo que vamos viviendo nos aleja de esta confianza. Recuerdan cuando la Fiscalía de Cataluña, archivó el caso de las multas prescritas, a pesar de haberle hecho llegar 665 documentos sobre multas perdonadas a cargos electos, funcionarios, empresarios y familiares de políticos?
O cuando Anticorrupción mirar hacia otro lado ante las presuntas irregularidades de la Paeria en la construcción y en la concesión de la licencia a la discoteca Biloba?
El Comú de Lleida se siente desamparado, como tanta gente que ve como los poderes judiciales no siempre hacen el trabajo que entendemos que les correspondería. Sí, lo volveríamos a hacer porque es nuestra obligación como cargos públicos denunciar cualquier indicio de delito. Porque también hemos venido aquí a ser ojos de la ciudadanía contra presuntos abusos.
El grupo municipal del Comú y sus 2 concejales seguiremos haciendo nuestro trabajo como nos encomendaron los ciudadanos en las últimas elecciones. No dimitiremos por haber hecho nuestro trabajo y haber cumplido con nuestras obligaciones.
Somos tan perseverantes que incluso si alguien ‘afina’ lo que nunca debería afinar, seguiremos aquí para decirlo bien alto.
