El año que hemos dejado atrás ha deja un reguero de problemas sociales que, entre muchas consecuencias, han agravado la emergencia habitacional que padecemos. Hacer frente a tales problemas ha sido y es el objetivo de la Empresa Municipal de Urbanismo de Lleida SL, desde donde hemos logrado avances para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Y ello a pesar de que el mundo local continúa sufriendo carencias y teniendo que afrontar limitaciones de herramientas y recursos para hacer posibles políticas municipales de vivienda.
Iniciamos en 2020 abriendo una negociación con las entidades financieras para reconducir la delicada situación económica de la EMU, de la que resultó una refinanciación de una deuda de más de 42 millones de euros, por un plazo de 20 años, a un interés de prudencia financiera y con la garantía del Ayuntamiento de Lleida. Como resultado, la carga financiera anual se ha reducido de 6,5 m € para el año 2020 en 2,6M €. También disminuye para los años siguientes en torno a los 3,2 M €. Durante todos los años que dure, la nueva operación supondrá un ahorro global de 3,3M € respecto a la situación anterior. La refinanciación, aprobada por la Junta General con sólo 3 votos en contra, da oxígeno a la empresa para hacer lo suyo: políticas municipales de vivienda.
En línea con el programa de gobierno, este año 2020 hemos promocionado nuevas formas de acceso a la vivienda que consideramos justas y sostenibles. Hemos puesto cuatro viviendas a disposición de proyectos de ‘masoveria’ urbana, a través de la asociación Obrint Portes, donde los jóvenes reforman la vivienda que luego ocuparán y compensan parte del alquiler con su trabajo, y hemos cedido a la Cooperativa Sostre Cívic un solar para constituir una cooperativa de cesión de uso. Sin olvidar el apoyo que damos al primer proyecto de la provincia de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, el de la cooperativa La Closca, que contará con 24 pisos, además de otros 6 para emergencia social. Apoyamos al cooperativismo, un modelo más estable que el alquiler y menos arriesgado patrimonialmente para la familia que la garantía hipotecaria, y damos apoyo incondicional a la iniciativa privada que promueva estos modelos alternativos de acceso a la vivienda.
La Oficina Local d’Habitatge (OLH) sigue siendo la ventana municipal de las ayudas al alquiler convocadas por la Generalitat de Cataluña. En el 2020 ha gestionado 2.382 expedientes de ayudas al alquiler incluidas las denominadas «ayudas Covid». A esta cifra hay que añadir 56 expedientes de ayudas a la rehabilitación de edificios, convocadas por la Generalitat. Todo ello se ha gestionado en los plazos legales, a pesar de las limitaciones operativas de la pandemia, gracias a la dedicación de la plantilla de la EMU.
Un dato relevante del OLH es el descenso de más de medio millar de inscritos en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Alquiler Social de Lleida, que ahora tiene 1.381, una cifra siempre demasiado elevada. Hay que recordar que no todos los inscritos tienen un problema inminente de vivienda, y que en tal caso se abren otras vías como la Mesa de Emergencia, formada por los servicios sociales municipales, la Generalitat y la EMU, y que este año 2020 ha adjudicado 27 viviendas a familias sin alternativa habitacional.
La EMU gestiona hoy 281 viviendas de su propiedad o del Ayuntamiento y 213 de la Red de Mediación. Este 2021 entra en vigor el Protocolo de Uso de Viviendas Públicas que debe ayudar a optimizar nuestras viviendas, reduciendo la morosidad, velando por la buena convivencia de las familias usuarias de viviendas de titularidad pública y mejorando la atención y la mediación.
Entre los objetivos para este año, el primero es movilizar el stock de viviendas vacías de la ciudad. Lo hacemos pidiendo a los particulares y empresas que cedan a la bolsa municipal los pisos vacíos a cambio de una bonificación del 90% de la cuota íntegra del IBI -aparte de otros servicios- que la Ordenanza 2021 amplía también a personas jurídicas . Los grandes tenedores que sigan incumpliendo la función social de las viviendas, deberán hacer frente a un recargo del 50% del IBI a las viviendas que se encuentren más de 2 años desocupadas y a las sanciones que establezca la Llei del Dret a l’Habitatge.
El otro reto es reducir la lacra de los desahucios de familias vulnerables. Hemos reforzado la OLH con un servicio jurídico específico de mediación para los desahucios indebidos con grandes tenedores y apoyo a las familias que tengan derecho a un alquiler social. Debemos velar para que los grandes tenedores de vivienda cumplan la normativa catalana cuando los obligue a ofrecer un alquiler social a una familia antes de deshauciarla de su casa. Quiero recordar que las sanciones por no respetar este ofrecimiento oscilan entre el 9.000 € y los 90.000 €.
En 2021 continuaremos adquiriendo pisos para ser destinados a políticas de vivienda por la vía de tanteo y retracto. También ampliaremos el parque con acuerdos de cesión a través de la Generalitat o con entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación Habitat3, con quien estamos a las puertas de firmar un acuerdo importante.
Sergi Talamonte Sánchez (Presidente de la EMU, concejal de vivienda y tercer Teniente de Alcalde)
