Denunciamos que había 665 documentos sobre multas perdonadas, y lo volveríamos a hacer porque es nuestra obligación como servidoras públicas

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Nos gustaría tener confianza en la justicia, pero lo que estamos viviendo nos aleja de esta confianza. El Comú de Lleida se siente desamparado, como tanta gente que ve como los órganos judiciales no siempre hacen el trabajo que entendemos que les correspondería.

El último ejemplo lo encontramos en la Fiscalía de Cataluña, que archiva el caso de las multas prescritas, a pesar de haberle hecho llegar 665 documentos que recibimos sobre multas perdonadas a cargos electos, funcionarios, empresarios y familiares de políticos, entre otros.

Vivimos con perplejidad que la justicia mire hacia otro lado ante documentos que acreditan que hay algún restaurante con más de 90 multas prescritas. Que hay una persona relevante del ámbito jurídico y su familia cercana con más de 60 multas prescritas. Que hay un cargo electo en activo con 22 multas prescritas. Y la lista, sólo de las multas perdonadas que conocemos, es mucho más extensa.

Sí, lo volveríamos a hacer porque es nuestra obligación como cargos públicos denunciar cualquier indicio de delito. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una obligación específica de denunciar a los que «por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público». Lo volveríamos a hacer porque es nuestra obligación, porque también hemos venido aquí a ser ojos de la ciudadanía contra presuntos abusos. Lo volveremos a hacer siempre que vemos algo que nos parezca irregular, lo pondremos en conocimiento de las autoridades.

Estamos satisfechas porque sabemos que, aunque se haya archivado a partir de ahora los miembros de la «lista blanca» de personajes y empresas sobre los que el Ayuntamiento de Lleida habría sido filtrando las multas lo tendrán más complicado. Seguiremos trabajando y nos esforzaremos para conseguir un control del buen gobierno mas estricto, sin tratos de favor y transparente, también por parte de las autoridades judiciales.

Y lamentamos que desde el equipo de gobierno en funciones se siga haciendo un uso partidista de los instrumentos de comunicación de la Paeria.

El Comú puso en conocimiento de Anticorrupción, Antifraude y el CGPJ los 665 documentos que había recibido sobre multas prescritas en junio de 2017

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