La Generalitat admite que no está justificada la revisión anticipada del POUM que hace el equipo de gobierno

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El Comú de Lleida presentó en julio un recurso contencioso administrativo contra la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) porque su avance no cumple los requisitos legales. En una respuesta parlamentaria a CatECP, la Generalitat vuelve a dar la razón al Comú de Lleida: el Planeamiento General es vigente hasta el 2023. Así pues, no es cierto que tenga vigencia hasta 2019, como el equipo de gobierno ha dicho, ni tampoco que se cumplan los supuestos de revisión previstos en el propio Plan General Urbanístico. El Consejero de Territorio, Damià Calvet, responde: «A los archivos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad no consta ninguna solicitud municipal ni autorización del Departamento que permita iniciar el trámite de revisión anticipada por el planeamiento vigente en Lleida». Aquí la respuesta completa:

Se confirma pues que no hay motivos técnicos ni jurídicos que justifiquen la revisión anticipada del planeamiento dado que no han transcurrido los 20 años de vigencia (de acuerdo con el artículo 4 del Plan vigente). Ni tampoco se ha pedido la autorización correspondiente al consejero (de acuerdo con el artículo 95.4 del TR de la Ley de urbanismo 1/2010). Una revisión anticipada requiere la autorización de la Consejería de Políticas Territoriales y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley 1/2010 de urbanismo).

El Plan General de Lleida (publicado en el DOGC núm. 3924 del 14 de julio de 2003) tiene una vigencia indefinida, si bien es revisable por el transcurso de 20 años desde su entrada en vigor. El plazo temporal fijado vence el 14 de julio de 2023. Así pues, las previsiones del Plan General no justifican la revisión del planeamiento dado que no se cumple en ninguno de los supuestos previstos (en el apartado 2 del artículo 4 del Plan General vigente).

La revisión del Plan General de Lleida es nula de pleno derecho como ya advertimos al pleno de aprobación inicial del 25 de abril y el Común ha presentado una demanda judicial ante el TSJC para «detener el POUM» el pasado 30 de octubre de 2018.

No deja de sorprender la respuesta del alcalde de Lleida, que ayer mismo decía que el consejero «no ha sido bien asesorado».

El POUM, un freno al desarrollo de Lleida y en la calidad de vida de la gente que vive

El Comú considera que la propuesta del nuevo POUM es un grave ataque al desarrollo de Lleida, a su futuro y la calidad de vida de sus habitantes:

  • Prevé una ciudad con menos zonas verdes y espacios públicos de menor calidad, permite un exceso de viviendas y nuevas zonas urbanas de alta densidad, favoreciendo las grandes constructoras en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía.
  • Agrava los problemas de movilidad del municipio y no soluciona los actuales.
  • Proyecta más densidad urbana a los nuevos barrios y pone en marcha un proceso especulativo y de degradación económica y social a los actuales barrios de la ciudad y de la Huerta de Lleida.
  • Indica la implantación de tres grandes centros comerciales en el extrarradio que vaciarán la actividad comercial el centro de la ciudad y el eje comercial.
  • Reduce las alturas permitidas de miles de edificios ya construidos en los barrios actuales, sin justificación técnica o social, provocando una pérdida de valor de las viviendas afectadas, un impedimento para su rehabilitación ya la larga una degradación y envejecimiento por el freno a la renovación de los barrios del ensanche de Lleida, el Secano y la Bordeta.

Respuestas Parlamento POUM Lleida 09 de noviembre

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