El Comú de Lleida mantiene que hay que ir más allá en la asunción de todas las responsabilidades políticas en torno a las contrataciones irregulares de Urbanismo y de Deportes. El ex concejal de deportes apuntó en la comisión de la Transparencia que el concejal de Urbanismo era conocedor de todo lo que hacía y de los contratos que su departamento tramitaba. Esto nos reafirma en no cerrar este asunto, todo lo contrario, seguir trabajando para aportar luz con el nuevo informe encargado a petición de todos los grupos excepto JuntsxCat, y haciendo público el informe que elaboraron las concejalías de Participación y Lucha contra la Corrupción y de Gobierno Abierto y Calidad Democrática e Institucional, dos demandas que el Comú ha hecho desde el primer momento y que lamentamos que se hayan tenido que esperar hasta la próxima Comisión de la Transparencia.
El informe evidencia que desde la concejalía de Urbanismo y desde la de Deportes se han acumulado en una sola empresa durante 12 meses contratos menores hasta sumar más de 120.000 euros, y constata que la parte más cuantiosa -115.110,23 € – era a cargo de la Concejalía de Urbanismo, mientras que sólo 6.025,80 € eran de Deportes. Los cargos electos tienen la responsabilidad de fiscalizar todo lo que firman y, por tanto, el concejal de urbanismo es el responsable final de todos los expedientes que ha firmado en la partida de mantenimiento de edificios.
A pesar de estas evidencias, y pese a lo que expuso González, en la Comisión de la Transparencia el concejal de urbanismo no asumió ninguna responsabilidad y optó por apuntar a técnicos y en otros departamentos. Lamentamos que no se hayan asumido todas las responsabilidades políticas que se derivan de las irregularidades detectadas en contrataciones.
Hay que dedicar más esfuerzos a detectar malas praxis en otras contrataciones con el objetivo de avanzar en una mejor gobernanza. El Comú está colaborando en la puesta en marcha de todas las medidas para garantizar que estas prácticas no se puedan repetir, entre las cuales que el Ayuntamiento de Lleida se dote a la mayor brevedad de un Código Ético y de conducta para cargos electos y personal eventual.
