Exigimos que la concesión de los radares atienda a los intereses de la gente. ¿O es que la ciudadanía solo sirve para pagar multas y no merece, por ejemplo, un retorno en inversiones en su ciudad para seguridad vial? No es tan solo un deseo, señor Ros, es una obligación legal. ¿O no hay que cumplir con la parte del contrato con Arnó donde dice: «los ingresos de las sanciones obtenidos por infracciones de la Ley Tráfico deben aplicarse a la financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas»?
La sociedad podría recibir un retorno de las multas de radar que fuera mucho más allá de la deseada reducción de la siniestralidad. Pero el ayuntamiento incumple sus obligaciones y hace la vista gorda con los de la concesionaria. ¿Cómo se puede entender que la adjudicataria no haya hecho gran parte de las inversiones que, por contrato, estaba obligada a hacer? El resultado es que no llegan las mejoras en seguridad vial. Estamos ante un ayuntamiento que protege a la empresa adjudicataria y no a la ciudadanía, y eso ha vuelto a evidenciarse con la sentencia del Tribunal Supremo que ve ilegales las multas de los semáforos con cámara. Mientras en San Sebastián dejaron de multar en el momento en que se puso en duda la fiabilidad de los semáforos rojos (febrero de 2014) aquí han seguido sancionando. E incluso han seguido multando después de la sentencia. Se protegen los intereses de una empresa por encima de la ciudadanía, y eso es muy grave. Pasamos del In dubio, pro reo a el In dubio, pro Arnó. Recordamos al alcalde de Lleida que debe cumplir con sus obligaciones como servidor de la ciudad, atendiendo a las prioridades de la ciudadanía, con toda la transparencia y honestidad que entendemos merece la gente de Lleida.
Alfred Sesma (miembro de El Comú de Lleida)
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