El equipo de gobierno ha admitido que la concesionaria de los radares y semáforo rojo no ha realizado todas las inversiones que debía llevar a cabo en seguridad vial, una situación que el Comú ha denunciado reiteradamente, exigiendo que la Paeria obligara a cumplir el contrato firmado a Arnó-Sice. A respuesta de las preguntas que el Comú formuló en el pleno del pasado viernes, la concejala de seguridad ciudadana Sara Mestres, concreta que el contrato de radares finalizará el 22 de enero de 2018, fecha en la que hay que haber decidido si se quiere prorrogar el contrato por 2 años más, una posibilidad que se contempla en los pliegos en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Según Mestres «el equipo de gobierno no tiene tomada ninguna decisión sobre un cambio en la forma de gestión del servicio». Una decisión que, según la concejala, tomarán en función de los informes técnicos pertinentes, a pesar que, como admite, «no se ha encomendado a los servicios técnicos la elaboración de ningún informe sobre la prórroga del contrato».
El equipo de gobierno no rinde cuentas a la ciudadanía sobre un contrato que se está incumpliendo, y no hace uso de las penalizaciones que contempla el Pliego de cláusulas administrativas ante esta circunstancia, actuando con opacidad y contra el interés público.
Respuestas de Mestres a las preguntas del Comú
Han tardado un año y medio en responder a la pregunta que el Comú les hizo en octubre de 2015 y lo hacen sin concretar qué inversiones de las que contempla el contrato ha hecho la concesionaria y cuáles no. Esconden una información que es de interés público, por eso nuevamente exigimos que el equipo de gobierno informe con todo detalle del grado de cumplimiento de este contrato. Hay que evitar que, una vez más, en una concesión de la Paeria se socialicen las pérdidas y se privaticen los beneficios, recordando que Arnó SICE tiene abierto un recurso contencioso administrativo por el que reclama a la Paeria cerca de un millón de euros.
El contrato obliga a Arnó-Sice a hacer las siguientes inversiones en seguridad vial:
La finalización del contrato: una oportunidad para empezar a hacer bien las cosas
El Comú cree que hay que hacer un punto y aparte en el desbarajuste que ha representado la gestión de los radares por parte del equipo de gobierno. Hemos hecho las preguntas con muchos meses de margen respecto al final del contrato, para dar suficiente tiempo de maniobra al equipo de gobierno y los servicios técnicos para hacer la evaluación y, en su caso, determinar una nueva gestión del servicio.
El Comú ha hablado con los técnicos en movilidad al respecto, y entendemos que hay que escucharlos antes de tomar la decisión de mantener el servicio de radares y semáforo rojo para mejorar la seguridad vial en la ciudad.
En caso de que el informe de los técnicos establezca la necesidad de mantener el sistema de radares y semáforo rojo en funcionamiento, hay que hacer una valoración de los costes de cada una de las opciones para determinar si es viable municipalizar en enero de 2018 o hay que esperar a 2020, tras la prórroga. Hay que considerar que según los pliegos, sólo si hubiera prorroga quedarían en propiedad del Ayuntamiento la totalidad de los equipos (incluidas las licencias de software y el hardware). Si no hay prórroga, sólo pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento «los semáforos, las cámaras y los elementos de control de acceso»:
Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de rádares
